El presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro Alanís, ha instado a la Junta de Castilla y León a seguir avanzando para conseguir una administración más eficiente y, con ello favorecer, la actividad empresarial y mejorar su competitividad.
Así se lo trasladó el presidente de EFCL al consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, durante la reunión celebrada el 24 de junio de la Comisión de Seguimiento creada entre ambas entidades en el marco del protocolo suscrito en julio del año pasado para detectar y limitar las cargas y trabas burocráticas y administrativas que perjudican a las empresas.
Durante la reunión, Alanís presentó al consejero documento inicial con propuestas a nivel sectorial para simplificar los trámites administrativos y reiteró algunas de las peticiones que la asociación viene formulando como la implantación del silencio administrativo positivo con carácter general en los procedimientos de la Junta de Castilla y León.
También pidió la puesta en marcha de un sistema informático único que impida que los interesados tengan que volver presentar datos y documentos que ya estén en poder la propia Administración.
Por otra parte, agradeció a la Junta de Castilla y León la supresión de la cita previa con carácter general en favor de la atención presencial, otra de las peticiones que había venido reclamando EFCL.
Junto a Isidoro Alanís, en la reunión también estuvieron presentes la vicepresidenta de la asociación, Carmen San Martín, la empresaria María Tamariz, miembro de la Junta Directiva de EFCL, y su director, Eduardo Estévez.
La burocracia se alza como la principal preocupación para los socios de EFCL, que consideran que resta competitividad a sus empresas y representa una carga significativa que afecta a su operativa diaria.
Frente a esta situación, EFCL aboga por simplificar la relación de las empresas con la Administración a través de la aplicación de una serie de propuestas que también pasan por limitar el teletrabajo, establecer plazos máximos de respuesta, hacer un seguimiento en tiempo real del estado de los trámites, potenciar la declaración responsable e impulsar una ley medioambiental autonómica.
