Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) y Vitartis han concluido la ronda de encuentros que han venido manteniendo en las últimas semanas con los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León, con el objetivo de hacerles llegar el documento que han elaborado con más de 100 medidas urgentes para incentivar la actividad empresarial en el mundo rural de Castilla y León.
En los encuentros, los responsables de ambas asociaciones, que engloban a las principales empresas de la Comunidad, en su mayoría implantadas en el ámbito rural, han instado a los representantes políticos a incluir estas propuestas en sus programas electorales para posibilitar la creación de un entorno más favorable para el crecimiento de la actividad empresarial, que genere empleo, atraiga inversión y fije población en las pequeñas poblaciones, evitando así su desaparición.
La ronda de encuentros arrancó el 11 de febrero con una reunión con Isabel Blanco, coordinadora de campaña del PP de Castilla y León; Leticia García, candidata por Zamora, y María Pardo, cabeza de lista del PP por Valladolid.
El 19 de febrero tuvo lugar un segundo encuentro, en esta ocasión con el presidente de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Carlos Javier Salgado, y con el vicesecretario provincial de Salamanca de esta formación, Miguel Lirio.
Los contactos con los líderes políticos regionales continuaron el 23 de febrero, esta vez con el secretario de Organización del del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa.
La ronda de encuentros finalizó el 2 de marzo con una última reunión con los candidatos de Vox por Valladolid, Alberto Díaz Pico, Jesús Jiménez, Fátima Pinacho y Angelica Ferrándiz, que tuvo lugar en la sede de EFCL en esa ciudad.
Previamente a estas reuniones, los presidentes de Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro Alanís, y de Vitartis, Santiago Miguel, mantuvieron un encuentro el 2 de febrero con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que también hicieron llegar su documento “Medidas urgentes para incentivar la actividad empresarial en el mundo rural de Castilla y León”.
Elaborado en colaboración con Garrigues, el estudio contempla más de cien medidas concretas y factibles, que van desde una mayor iniciativa pública hasta una mayor simplificación administrativa, con la búsqueda de colaboraciones público-privadas y algunas reformas legales para mejorar el desarrollo industrial en los pequeños municipios.
El documento se estructura en torno a 9 ejes, que abogan por la mejora de la tramitación de planeamiento y en la concesión de licencias para actividades, el desarrollo de polígonos industriales y por la colaboración público-privada en las gestiones urbanísticas.
Las medidas también pasan por políticas públicas contra la despoblación y organización especializada en pequeños municipios, licencias ambientales y especiales en los ayuntamientos pequeños, competencias de los ayuntamientos pequeños para la concesión de ayudas en materia de comercio, mejora de la fiscalidad respecto las solicitudes de actividades y por propuestas de carácter social respecto las actividades industriales y económicas.
